Francisco Alejandro Leyva Aguilar
La agenda periodística de #Oaxaca la han marcado tres sucesos. Primero la violencia feminicida que no para pues seis mujeres han sido asesinadas solo en lo que va de enero de 2025. Ni la menguada Secretaría de la Mujer, ni la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y sus vicefiscalías especializadas, han hecho mucho por esclarecer los hechos que se dieron en Ciudad Ixtepec donde balearon a una dama, en San Juan Juquila Mixe donde fue asesinada otra mujer, una más en Putla Villa de Guerrero, la cuarta fue asesinada en Salina Cruz y finalmente el 20 de enero fueron asesinadas dos hermanas en Santa Lucía del Camino una de ellas adolescente, todos estos municipios gobernados por Morena y sus aliados.
La violencia feminicida, no cesa en la entidad, por lo que hay una alerta roja, para que el gobierno del estado, dirija sus esfuerzos en proteger a las mujeres oaxaqueñas, porque es notorio el abandono gubernamental para este sector desprotegido. En Oaxaca es peligrosos ser mujer.
El segundo suceso que marcó la agenda setting, es la escandalosa corrupción que priva en las instituciones y municipios de Oaxaca. Dos casos emblemáticos aparecieron en los medios de comunicación como un cruel recordatorio de que los políticos llegan al poder solo para enriquecerse, el primero de ellos fue ventilado por la diputada de Movimiento Ciudadano Dulce Alejandra García Morlán.
La diputada emecista señaló en tribuna y ante el pleno de la Cámara local de Diputados a la Secretaria de Turismo Saymi Pineda Velasco y expuso que la administración de la costeña, se había gastado 74 pesos por cada metro de papel picado ocupado en el adornado de calles de la capital, cuando el precio por metro de dicho adorno, solo cuesta 8 pesos.
El problema con la diputada Dulce Alejandra, es que solo lamentó el hecho cuando lo que debía hacer, es presentar las pruebas ante la Fiscalía Anticorrupción (FAC) y ante la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGJO) para que proceda por fraude al erario. Los secretarios no tienen fuero y si ella tiene las pruebas y las presenta, sentaría un precedente importante para acabar con la corrupción.
Otro hecho indigno, ocurrió en el Municipio conurbado de Santa Cruz Xoxocotlán, ahí la presidente Nancy Natalia Benítez Zárate con bombo y platillo, pero además con una lona alusiva al evento, anunció que “puso impermeabilizante a 3 aulas que dan una superficie de 120 metros cuadrados”… cada cubeta cuesta en el mercado un promedio de 1,300 pesos y su contenido cubre unos 70 metros.
Si la señora presidente, supongamos compró 5 cubetas, le alcanzó para darle 3 pasadas de impermeabilizante a los 350 metros cuadrados de las tres aulas y se tuvo que gastar en ello 6,500 pesos, no más. Ah pero hay que pagarle bien al maestro que impermeabilizó digamos ¿unos 10 mil pesos por 350 metros tres veces?, entonces se gastó 16,500 pesos. Ella reporta en su manta y en sus números contables TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS.
Otra vez y a pesar de la evidencia, no hay una denuncia por desfalco al erario. Cada ciudadano de Xoxocotlán, incluso en el mismo municipio, puede preguntar en las tiendas de materiales para construcción que abundan en la demarcación, cuánto cuesta una cubeta de impermeabilizante y puede preguntar, puesto que las aulas son iguales, cuántas se necesitan para impermeabilizar un techo de estas aulas.
El tercer suceso merece una columna aparte. Tiene que ver con la peor de las pifias del pingüe consejero jurídico Geovanny Vásquez Sagrero, el autor del decretazo 24 que, cual boomerang, ya se le regresó y se le estampó en su bulímica humanidad.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito del Poder Judicial de la Federación, otorgó la suspensión definitiva a favor de una trabajadora del decreto 24 con el que el anodino Salomón Jara destituyó a 1344 trabajadores del gobierno del estado y, este precedente, sentó la ruta para que los afectados, comiences sus procedimientos legales para ser reinstalados con todas sus prestaciones.
Obvio que el pingüe consejero jurídico tuvo que acatar la resolución de los jueces porque de lo contrario metería a su jefe el anodino “gobernador” en el DELITO DE DESACATO y con uno que haga el ridículo, basta. Diría el clásico ¡NO ME AYUDES COMPADRE!
Salomón Jara debe abrir los ojos ante los constates y ridículos tropiezos de su consejero jurídico, porque la sociedad está pidiendo la revocación de mandato del “gobernador”, no la remoción de quien tiene la culpa de los yerros jurídicos que es Geovanny Vásquez Sagrero, por tanto y por el bien del estado de derecho, ya debe pedirle su renuncia, ESO URGE.
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