Francisco Alejandro Leyva Aguilar
Dijera el clásico: DISFRUTEN LO VOTADO.
Muchos de los que hoy están desempleados por le decreto que desapareció de un plumazo 1344 plazas del Sindicato de Burócratas de Oaxaca, votaron por la opción que hoy gobierna, sin darse cuenta del daño que se hacían ellos mismos. Nunca se imaginaron que un ladino y anodino, se fuera a atrever a quitarles su fuente de ingresos.
Las marchas y el plantón que protagonizaron todos los trabajadores del gobierno del estado y de sus organismos descentralizados, debió poner a temblar al “gobernador” así en minúsculas y entre comillas Salomón Jara porque nunca se imaginó que el grueso de la base magisterial, saliera en apoyo de esos 1344 trabajadores que fueron despedidos.
Y habría que preguntarse ¿quién fue el idiota que le recomendó que lo hiciera?, ¿por qué si el estado está hecho un desastre abre otro frente en su contra que no está nada bien evaluado por la ciudadanía?, ¿qué le debe al consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero que no es capaz de ganar un solo juicio?.
Es obvio que ante el despido masivo de trabajadores al servicio del estado, los amparos se van a poner al orden de día y no habrá manera que el pingüe consejero jurídico gane uno solo porque además el decreto que mandaron al Congreso del Estado, es una copia de otro decreto del estado de Baja California y no le cambiaron ni el nombre al estado.
Así, sin revisarlo, sin darse cuenta de que no se trataba de un decreto del estado, así lo aprobaron y lo firmaron los inútiles diputados de morena y sus aliados en el Congreso Local, lo que nos habla del desaseo legislativo en el que se encuentran.
Dice el inútil consejero jurídico que las 1344 plazas suponen un ahorro de 2 mil millones de pesos al año, pero lo que no dice, es que esas plazas ya tenían la cobertura presupuestal necesaria y el estado no estaba erogando de más. Ahora habría que ver el destino de ese dinero que podría ir a parar a las bolsas de los facturemos de Noé Jara, Jorge Gandarillas y su camarilla de delincuentes de cuello blanco.
Geovany Vásquez, que no da una en asuntos jurídicos, ahora quiere responsabilizar a los ex secretarios de administración en los sexenios de Alejandro Murat y Gabino Cué, sin darse cuenta que ellos en especial, no tienen ninguna injerencia en el otorgamiento de plazas, de acuerdo a la ley orgánica del gobierno del estado. Esa es otra batalla inútil que va a perder el consejero jurídico al que las leyes no se le dan. ¿Si será abogado el gordo?
Lo que pudo ser una palomota en el gobierno del anodino, se convirtió en un grave problema. Si el inútil del consejero jurídico Geovany Vásquez Sagreso y el limitadísimo Secretario de Gobierno Jesús Romero López, se hubiesen puesto a revisar las plazas de los aviadores, de esos que cobran y no van a trabajar, la cosa habría sido distinta.
Si le hubiesen echado un ojo a las listas de los delegados sindicales en cada una de las dependencias, se habrían dado cuenta que hay muchas plazas que se cobran y no se trabajan y esas en especial hubieran podido desparecer de un plumazo. Ahí se iban a encontrar desde guaruras que protegen a ex funcionarios, hasta periodistas oficiosos a los que les cae religiosamente su quincena.
Ahí iban a encontrar a la esposa de… al esposo de la… a la diputada, al diputado, a la hermana del político que ahora apoya a la cuatroté, incluso hasta a miembros de las familias de Geovany Vásquez y Jesús Romero, además de los innumerables jaras y bolaños que cobran sin trabajar.
Ese es el verdadero disgusto de la base trabajadora. A los flojos que cobran son trabajar, a esos este gobierno de cuarta los perdonó y en cambio le quitó sus ingresos a 1344 familias, porque los que despidieron, muchos mantienen a sus parejas, hijos y familia.
Y por si fuera poco y para embarrar más al gobierno del anodino “gobernador” Salomón Jara, el inútil del consejero jurídico, le da instrucciones a la autoridad para que libere a la ex presidente de Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta, principal acusada de la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu.
El escándalo ya fue criticado hasta por Alejandro Encinas quien escribió: “…La obtención de la libertad de Lizbeth Victoria Huerta por vínculos políticos es un caso emblemático y doloroso de desaparición forzada en contra de una defensora, otorgándole impunidad”, en clara referencia a la intervención del consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero y su jefe Salomón Jara.
Mal y de malas el anodino al que ya se le viene encima la revocación de mandato. Si la inconformidad continúa el próximo año, Salomón podía ser el primer gobernador depuesto por este medio constitucional.
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