Francisco Alejandro Leyva Aguilar
Como lo anticipé en esta columna, el asunto del asesinato de Diego Paz, tiene a la Espada de Damocles apuntando directo a la cabeza de Juan Carlos García Márquez, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, donde ocurrieron los hechos sangrientos que han generado cambios en la estructura de seguridad de los municipios conurbados.
Cambios que representan un profundo deterioro en las finanzas públicas -no comprobables- de municipios como Santa Cruz Amilpas, San Jacinto Amilpas, San Sebastián Tutla o Santa Cruz Xoxocotlán que estaban acostumbrados a recaudar fondos al través de los inconstitucionales alcoholímetros.
En el caso de Santa Lucía, los cambios pueden ser mucho más considerables si tomamos en cuenta el exhorto que ya le hizo el Congreso del Estado a Juan Carlos García para que se separe del cargo 30 días y se someta a las investigaciones que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) esté haciendo para deslindar responsabilidades.
Claro que las acciones del Gobierno de Salomón Jara, respecto de la prohibición de los alcoholímetros, fue a destiempo puesto que llevan dos años en la administración y fue, hasta que una de las policías municipales mató a un joven, cuando decidieron tapar el pozo, sin embargo estos cambios y el exhorto al Presidente Municipal más parecen una intentona del gobierno del estado por desviar la atención y evadir su propia responsabilidad.
Debe ser el estado de Oaxaca, al través de su sistema de seguridad pública quien capacite a los policías municipales que, a propuesta de los presidentes municipales, portarán armas de fuego y debe ser la Secretaría de la Defensa Nacional quien evalúe, incluso psicológicamente a esos efectivos que les mande el estado. La Licencia común de portación de armas de fuego, no es solo para una persona, sino para todo el estado de Oaxaca.
¿Dónde están los certificados de capacitación para los elementos de la policía municipal que portan armas?… me parece que ninguno de ellos cuenta con ese permiso, de entrada quien disparó, no lo tenía y por tanto está en prisión preventiva pero ¿quién le ordenó disparar?, ¿dónde está el protocolo de actuación de un policía municipal donde se le autoriza hacer uso de su arma de fuego?
Todo esto es responsabilidad del estado, por tanto resulta muy conveniente cargarle todo el peso de la ley al Director de la Policía Municipal de Santa Lucía Marcos Fredy -que ya conocemos sus antecedentes- al Presidente Municipal Juan Carlos García y a los elementos que estuvieron ese día en el puesto del alcoholímetro en las inmediaciones del CBTyS de Santa Lucía.
Por otro lado la estrategia que está siguiendo el gobierno municipal, pagando testaferros para desviar la atención de Diego Paz y su compañero que está hospitalizado, hacia policías que supuestamente fueron atropellados por el hoy occiso, le está resultando contraproducente al edil que está a punto de pedir licencia.
Circuló una carta en redes sociales de una supuesta hija de un policía, junto con fotografías de dos uniformados que presuntamente se debaten entre la vida y la muerte porque fueron atropellados por Diego Paz. La carta es tan inusual que no la firma nadie, es decir, no tiene el nombre de la supuesta hija tampoco da informes sobre el nombre de su papá o del otro uniformado.
Las fotografías que circulan, no parecen ser del momento y el lugar en el que fue acribillado a balazos Diego Paz, sino de otro lugar distinto, porque el pavimento debajo de los cuerpos presuntamente atropellados parece concreto hidráulico en vez del pavimento común que está en la calle del CBTyS 123 de Santa Lucía donde ocurrieron los hechos.
En una foto se puede ver a un policía con una bata azul profundo, mientras el otro está con una bata color azul cielo, muy parecida a las que usa el Instituto Mexicano del Seguro Social ¿por qué no están ambos policías en el mismo nosocomio?, ¿cómo se llaman?, ¿dónde están hospitalizados?
Sería muy bueno y sano para la investigación que el acompañante de Diego Paz, se decidiera a hablar para dilucidar lo que verdaderamente ocurrió en Santa Lucía la madrugada del 31 de agosto, porque un joven de 22 años perdió la vida y todo indica que se trató de una ejecución extrajudicial, lo que nos dice mucho del Estado de Derecho que se ha perdido en Oaxaca por la ineptitud de las autoridades, desde el “gobernador”, así en minúsculas y entre comillas Salomón Jara, hasta los policías municipales de todo el estado, claro, con sus honrosas excepciones.
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