Francisco Alejandro Leyva Aguilar
El asunto del joven asesinado en Santa Lucía del Camino en un operativo alcoholímetro, aun tiene mucho trasfondo y me parece que la estrategia que sigue el Presidente Municipal Juan Carlos García Márquez de mandar a sus escribanos a desacreditar a un difunto, solo va a empeorar las cosas para él.
La marcha de ayer exigiendo justicia, ya desvió su foco de atención del Ayuntamiento, al gobierno del Estado porque los manifestantes, también están acusando al gobierno que encabeza Salomón Jara por su permisibilidad de dos años a los operarios alcoholímetros en los municipios conurbados a la ciudad de Oaxaca.
Salomón Jara ha declarado que desde ahora, el Gobierno del Estado al través de la Dirección de la Policía Vial, asumirá los operativos en los valles centrales, pero es una medida a destiempo porque el daño ya está hecho y muchos oaxaqueños fueron víctima de los abusos policiales de sujetos como el que disparó en contra de joven Diego Paz. Es decir, Salomón Jara ahogado el niño, quiere tapar el pozo.
Las redes sociales han dado cuenta, de manera lastimosa que toda la sociedad está pensando en la muerte del joven, pero sin pensar en que él y su acompañante, también cometieron un ilícito que llevó al desenlace fatal que todos ya conocemos y que tiene a dos policías municipales debatiéndose entre la vida y la muerte.
A uno, dicen esos comunicados que más bien parecen de testaferros, ya le han hecho operaciones en una triple fractura de pierna, pero el otro permanece hospitalizado con traumatismo craneoencefálico. En ninguno de los casos dan nombres o ubicaciones de los policías como para podedlos entrevistar, lo que me hace sospechar que simplemente quieren desviar la atención del trágico hecho de la muerte de un joven estudiante.
Vecinos que observaron los hechos, me explicaban que los policías “no solo dispararon con armas de grueso calibre, sino que en cuanto cayó derribado por el plomo, los policías lo patearon y lo golpearon con las cachas de sus pistolas, más de seis policías, entre ellos algunas mujeres”.
“Realmente los golpes fueron los responsables de la muerte del joven, porque el chico gritaba de dolor y se quejaba de un fuerte dolor en una pierna, sangraba y casi se desmayaba por la hemorragia y entonces los policías lo trataban de mantener consciente y le preguntaban su nombre y edad, mientras llegaba la ambulancia que pidió una de las policías”.
“En un portón de los vecinos donde justo lo derribaron entró una bala y los delincuentes disfrazados de policías, después andaban buscando los casquillos percutidos para recogerlos y así limpiar las evidencias”.
El abuso policial precede a cualquier ilícito que los jóvenes hubiesen podido cometer porque además es bien sabido que, aunque te pares en un alcoholímetro y cooperes, aun así hay intimidación por parte de los municipales, porque simplemente no están capacitados para llevar al cabo un simple operativo de alcoholímetro, para empezar te piden que soples a un vaso de plástico o a una gorra.
Juan Carlos García Márquez pronto va a enfrentar ante el Congreso del Estado, una solicitud de desaparición de poderes no se si bien merecida porque también están confluyendo intereses políticos de personajes tan siniestros como Flavio Sosa y Jesús Romero López que tienen mucho interés en Santa Lucía por el dinero que ese municipio maneja.
Otro ingrediente que se le suma a la desgracia de Juan Carlos, es el hecho de que Diego Paz, fue hijo único de un matrimonio de profesores adheridos a la sección XXII, gremial que ha manifestado el apoyo a los padres que perdieron a su hijo.
No la tiene fácil, por eso es importante conocer la versión de los hechos de quienes ahí estuvieron y siguen vivos como los dos policías que se supone están en el hospital y el otro joven que acompañaba a Diego.
Esta historia, no ha terminado y le va a pegar incuso al ineficaz gobierno de Salomón Jara.
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