Por: Fernando Cruz López.
Mucho se ha hablado y se ha dicho de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que ocasiono ayer que todos los trabajadores del poder judicial realizaran un paro de labores, y que ha ocasionado que organismos empresariales y diferentes sectores de la sociedad se expresen en contra de esta iniciativa que pretende según se dice, transformar profundamente el sistema judicial en nuestros País.
Sin embargo, la reforma judicial propuesta por el presidente de México ha generado un intenso debate en el país, pues esta iniciativa busca transformar el sistema judicial, con cambios que incluyen la elección popular de jueces, magistrados y ministros, así como la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.
Ahora bien, la elección popular de jueces y magistrados ha sido vista como una amenaza a la independencia judicial. Juristas destacados y voces autorizadas para hablar del tema argumentan que este cambio podría politizar la justicia y someter a los jueces a presiones electorales, comprometiendo su imparcialidad.
Además de eso, la citada reforma podría facilitar una mayor influencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, lo que podría debilitar los contrapesos institucionales necesarios para una democracia funcional.
La incertidumbre generada por esta reforma ha tenido ya repercusiones en los mercados financieros, con fluctuaciones en el tipo de cambio y en las bolsas de valores. Esto refleja el temor de los inversionistas sobre la estabilidad institucional del país, con una reforma tan peligrosa que aleja a México de la democracia y la acerca mucho más a una especie de dictadura, así comenzaron los cambios en Venezuela hace muchos años.
A pesar de las tensiones iniciales, ha habido intentos de diálogo entre el Gobierno y la Suprema Corte para negociar los detalles de la reforma. La presidenta de la Corte, Norma Piña, ha expresado su disposición a dialogar con los legisladores para llegar a un consenso que realmente mejore el sistema de justicia, sin embargo, la propuesta de elección popular de jueces sigue siendo un punto de discordia innegociable para el Ejecutivo.
La reforma judicial representa un cambio significativo en el panorama legal de México. Si bien busca abordar problemas de la corrupción y la falta de acceso a la justicia, también plantea riesgos considerables para la independencia judicial y la estabilidad democrática. La aprobación de esta reforma dependerá de las negociaciones en el Congreso y de la capacidad de los diferentes actores políticos para encontrar un equilibrio entre la innovación y la preservación de los principios fundamentales de la justicia.
En conclusión, la reforma judicial en México es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso y un diálogo inclusivo para asegurar que los cambios propuestos beneficien verdaderamente a la sociedad mexicana sin comprometer la independencia y la eficacia del sistema judicial, no queremos un Venezuela mas en el continente…Sigame en X como @Visionpolitica7.
