Francisco Alejandro Leyva Aguilar
Ah que “gobernador”, así en minúsculas y entre comillas Salomón Jara, quiso jugar carambola de tres bandas y le salió un boomerang.
Se aprovechó de una orden de prisión domiciliaria de Juan Antonio Vera Carrizal, el ex diputado priista acusado de haber mandado rociar con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, para quedar bien con el peje y tundir al sistema judicial de Oaxaca.
Palabras más, palabras menos, dijo lo mismo que López ha dicho en sus mañaneras: que el poder judicial no solo federal sino también en los estados está podrido y que es urgente una reforma a este poder tal y como la plantea el “presidente”, López Obrador.
Queda bien, lamebotas, arrastrado se vio el gobernador oaxaqueño sin tomar en cuenta algunas vicisitudes, como por ejemplo el hecho de que su actual Consejero Jurídico Geovanni Vásquez Sagrero, fue en primera instancia, abogado de Juan Vera Carrizal.
Fue justo en el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa cuando estos hechos sucedieron y entonces hicieron un escándalo porque suponían que la ley estaba protegiendo a Vera Carrizal, sin embargo fue en ese mismo sexenio cuando el ex diputado priista pisó la cárcel.
Qué coincidencia -¿económica tal vez?- que en la administración de la cual forma parte el plenipotenciario consejero jurídico del gobierno del estado, sueltan a Juan Antonio Vera Carrizal, por la sospechosa determinación del juez José Gabriel Montaño a decir de muchos, amigo del consejero jurídico.
Más se tardó la determinación del juez en soltar a Vera Carrizal, que el “gobernador” Salomón Jara en solidarizarse con la saxofonista María Elena Ríos y condenar al poder judicial del estado, sin tomar en cuenta que la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, fue electa a propuesta suya.
Dijo Salomón además, que en Oaxaca no se iba a permitir la corrupción del Poder Judicial, pero no explicó qué haría para impedirlo si, lo que parece, es que desde dentro del gobierno es donde se fraguan los entuertos legaloides para favorecer a los que pagan.
Por eso la Magistrada Presidente Berenice Ramírez Jiménez, detuvo la orden de liberación de Juan Antonio Vera Carrizal y ordenó una exhaustiva investigación a la actuación judicial del juez José Gabriel Montaño.
Si el consejero jurídico del gobierno Geovanni Vásquez está detrás de la orden del juez, el tiro le salió por la culata, porque Juan Antonio Vera no va a ser liberado, ni él, ni los actores materiales del intento de feminicidio en contra de María Elena Ríos, a pesar de que llevan varios años sin ser sentenciados.
En tanto no haya sentencia que favorezca o termine de meter a la cárcel a Vera y sus secuaces, no se habrá hecho justicia ni para Maria Elena, ni para los actores materiales e intelectuales del intento de feminicidio.
Por tanto, el caso está embarrado de manchas políticas más que legales, tanto por la afiliación política del imputado, como por las fechas de su detención y el activismo político de la víctima que, hay que decirlo, ha surtido efecto y por eso, Vera Carrizal sigue aun en prisión preventiva.
Si la magistrada Berenice Ramírez detuvo la liberación de Vera Carrizal ¿se hizo justicia de acuerdo a la escasa concepción jurídica de Salomón Jara y de su consejero jurídico?, porque si no hay elementos para sentenciar a Juan Antonio Vera ¿por qué lo siguen teniendo en prisión?, y si los hay ¿por qué no lo han sentenciado?.
De cualquier manera Salomón Jara, siguiendo las prescripciones de la moral en turno, se solidarizó con la víctima y despotricó contra su poder judicial, tan solo para quedar bien con el peje que, dicho sea de paso, ni lo pela.
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