Por: Fernando Cruz López.
La diversidad cultural y religiosa es un pilar fundamental de la identidad de nuestra entidad. Sin embargo, en los últimos meses esta riqueza se ha visto empeñada por reportes recurrentes de intolerancia religiosa en varias comunidades del estado, por lo que ante esta situación es urgente que el gobierno de Oaxaca tome cartas en el asunto y haga de la promoción de la libertad de culto una prioridad.
Los casos de intolerancia religiosa en Oaxaca son lamentables y preocupantes. Miembros de comunidades indígenas que se adhieren a religiones distintas a la tradicional han sido discriminados, hostigados e incluso expulsados de sus pueblos por no compartir las creencias mayoritarias. Esto es una clara vulneración a los derechos humanos y un atentado a la armonía social que debe ser abordado con urgencia.
Para empezar, el gobierno estatal debe impulsar una campaña de sensibilización y educación sobre la importancia del respeto a la diversidad religiosa. Es crucial que se transmita el mensaje de que la libertad de culto es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y que debe ser garantizado sin excepción, para ello se deben realizar diversos talleres, foros y actividades en las comunidades para fomentar el diálogo intercultural y eliminar prejuicios.
Asimismo, el gobierno debe fortalecer los mecanismos de prevención y atención a casos de intolerancia religiosa. Esto implica la creación de un observatorio que monitoree constantemente la situación en las comunidades y permita una respuesta oportuna ante cualquier irregularidad. Además, se deben establecer protocolos claros de actuación para las autoridades locales, que incluyan medidas de protección y acompañamiento a las víctimas.
En paralelo, es imprescindible que el gobierno de Oaxaca trabaje de la mano con las autoridades tradicionales y líderes comunitarios para encontrar soluciones acordes a la idiosincrasia de cada región. En muchas comunidades, las decisiones sobre temas religiosos se toman de manera colectiva, por lo que es crucial involucrar a estos actores clave en la búsqueda de alternativas que respeten los derechos de todos los ciudadanos.
Por otro lado, el gobierno estatal debe impulsar reformas legales que fortalezcan el marco jurídico de protección a la libertad de culto. Esto incluye la revisión de leyes y reglamentos locales que puedan contener disposiciones discriminatorias, así como la armonización de la legislación oaxaqueña con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Finalmente, es indispensable que el gobierno de Oaxaca destine recursos suficientes para la implementación de estas acciones. La lucha contra la intolerancia religiosa requiere de un compromiso político sostenido y de una asignación presupuestaria adecuada que permita desplegar estrategias integrales y efectivas y de esta manera se termine en nuestra entidad la intolerancia religiosa tantas veces denunciada y pocas veces atendida…Sígame en X como @Visionpolitica7.
La diversidad religiosa es un tesoro que Oaxaca debe proteger y valorar. Permitir que se sigan perpetuando casos de intolerancia religiosa no solo vulnera los derechos humanos de quienes las sufren, sino que también erosiona la cohesión social y debilita la identidad plural que caracteriza a esta entidad.
Es hora de que el gobierno de Oaxaca asuma su responsabilidad y se convierta en un baluarte de la libertad de culto. Sólo así podremos garantizar que todas las comunidades, sin excepción, puedan ejercer su derecho a profesar y practicar libremente sus creencias religiosas. El reto es grande, pero es un imperativo moral y una oportunidad para fortalecer la democracia y la convivencia pacífica en Oaxaca.
