Francisco Alejandro Leyva Aguilar
Ayer hablábamos de los mitos, de la conveniencia de contar mentiras y de que la verdad, no es buena para la dominación de las masas, ni siquiera para obtener lealtad.
En ese contexto de la posverdad, el gobierno de México al través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reservó por 5 años la información sobre el desfalco a la Secretaría de Seguridad Alimenticia de México (SEGALMEX), creada en este sexenio y que conjunta a las paraestatales Liconsa y Diconsa.
En 2023 cuando el escándalo de SEGALMEX ya se había distribuido por todos los corrillos políticos y cuando el presidente trató de minimizar el caso diciendo que a Ignacio Ovalle lo habían “chamaqueado” unos priistas corruptos, se creó un comité intersecretarial para investigar el desfalco.
El problema es que las conclusiones de esa comisión intersecretarial, ahora se convirtieron en un SECRETO DE ESTADO, toda vez que la información generada, fue reservada por cinco años. Así que la comisión intersecretarial conformada por la Secretaría de Gobernación, la de Agricultura y Desarrollo Rural, la de la Función Pública, la de Seguridad y Protección Ciudadana, la de Hacienda y Crédito Público y la de Seguridad Alimentaria de México, no darán a conocer a los mexicanos el destino de más de 15 mil millones de pesos.
Quien coordinó esos trabajos fue la Procuraduría Fiscal de la Federación que depende directamente de la SHCP y se supone que su objetivo primordial es colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para fortalecer los expedientes sobre los actos de corrupción en SEGALMEX y aportar pruebas que sustenten las denuncias presentadas en el Ministerio Público.
El ex fiscal Arturo Medina Padilla confirmó que la Comisión intersecretarial se reunió unas 65 veces y presentaron 69 denuncias ante la FGR todas por el desvío de más de 15 mil millones de pesos ocurridos durante la gestión de Ignacio Ovalle, amigo personal del “presidente”.
Hubo interesados en conocer las conclusiones de la comisión, como Mexicanos contra la Corrupción (MCC) que solicitaron vía transparencia dicha información pero la SHCP estimó que entregar esa información “pondría en riesgo el desarrollo de las investigaciones y el debido proceso ya que las minutas abarcan constancias de seguimiento de carpetas de investigación y procesos penales”.
La información que se generó en la comisión, tanto como las denuncias, son producto del uso de recursos públicos y por lo tanto, los mexicanos tenemos derecho a saber cuáles son los resultados de esas reuniones y qué está haciendo el órgano judicial para meter a la cárcel a los responsables del desfalco y el procedimiento de reparación del daño.
Pero ¿y si esos implicados confirman por ejemplo que el dinero no fue a parar a sus bolsillos sino a la ilegalmente anticipada campaña presidencial de Claudia Sheinbaum?, para el peje es mejor seguir con la mentira y la opacidad, porque la verdad, si se le embarra en la cara, podría perder incluso su libertad.
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