Por: Fernando Cruz López.
Muchos han sido los enfrentamientos políticos que se han dado en México, por la insistencia del presidente López Obrador, que pretende que los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por el pueblo y no como actualmente se designan, en donde propone el titular del ejecutivo federal y en el senado se aprueba dicha designación o en su caso se rechaza, algo que muy pocas veces se ha visto.
Hay que recordar que el principio de separación de poderes es fundamental en cualquier democracia funcional. En el caso de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumple un papel crucial en la interpretación de la ley y la protección de los derechos constitucionales. Sin embargo, la propuesta de López Obrador de elegir a los ministros de la SCJN por voto popular plantea desafíos significativos que podrían socavar la independencia y la imparcialidad del poder judicial.
En primer lugar, la elección directa de los ministros por parte del pueblo podría someter a los magistrados a presiones políticas y populistas, debilitando su independencia y objetividad al momento de interpretar la ley. La justicia debe estar por encima de las pasiones y opiniones populares, y la elección directa por parte de la ciudadanía podría llevar a una politización indebida de las decisiones judiciales.
Además, la selección de ministros a través de elecciones populares podría impulsar campañas partidistas y debates polarizados que distorsionen el proceso de selección, desviando la atención de la verdadera capacidad y experiencia de los candidatos. La designación de los ministros de la SCJN debe basarse en criterios de excelencia jurídica, independencia y probidad, evitando así cualquier influencia partidista o populista en su elección.
Es importante recordar que, de acuerdo con la Constitución mexicana, los ministros de la SCJN son designados por el presidente de la República y ratificados por el Senado, lo que permite un proceso de selección que busca garantizar la independencia y la capacidad técnica de los candidatos. Este mecanismo busca proteger la integridad del poder judicial evitando injerencias indebidas y garantizando la imparcialidad en la administración de justicia.
En resumen, la elección directa de los ministros de la SCJN por parte del pueblo podría comprometer la independencia, imparcialidad y excelencia jurídica que son fundamentales en el ejercicio de la justicia. En lugar de proponer cambios que pongan en riesgo la integridad del poder judicial, es crucial fortalecer los mecanismos actuales que aseguren la designación de ministros capaces, independientes y comprometidos con la protección de los derechos fundamentales.
Pretender que los ministros de la suprema corte de justicia de la nación sean electos por el pueblo, abre la posibilidad de que el crimen organizado se meta a fondo en las elecciones y sean ellos los que finalmente lleven a la corte a los personajes que propongan y esos magistrados o ministros obedecerán más a los intereses de quienes les financiaron su campaña que los del pueblo de México… Sigame en X como @visionpolitca7
