• Solicita también a la defensora Elizabeth Lara Rodríguez informar sobre contratación de supuesto defensor de agresores del crimen de Nochixtlán en 2016.
San Raymundo Jalpan, 29 de junio del 2013.- El diputado de morena César Mateos Benítez denunció que en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), presidida por Elizabeth Lara Rodríguez, se ha establecido una “simulación jurídica”, con el que se violentan los derechos laborales de mujeres y hombres que trabajan en la institución.
Mateos Benítez dijo que existen personas que laboran en la DDHPO desde hace cinco, diez o hasta veinte años, bajo contratos de honorarios que se renuevan cada seis meses, lo cual permite que la institución evada la responsabilidad de otorgarles seguridad social.
Dijo que el pasado 19 de junio del presente año, al menos 15 trabajadores denunciaron que la defensora de los derechos humanos en Oaxaca, notificó a través del personal jurídico que sus contratos no serían renovados y que no se les otorgaría liquidación alguna por los servicios prestados.
Por lo anterior, el legislador solicitó a la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez, liquidar conforme a derecho a las y los trabajadores que denunciaron despido injustificado de la institución.
“Se trata de trabajadores de planta bajo la simulación jurídica de ser prestadores de servicios, con el fin de incumplir diversas obligaciones patronales por parte de la DDHPO. Inaceptable que en la defensoría de los derechos humanos violen los derechos de las y los trabajadores”, señaló.
El legislador solicitó también a Elizabeth Lara Rodríguez responder a los señalamientos realizados de forma pública por parte de víctimas del desalojo del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, quienes reprobaron la designación del nuevo coordinador jurídico de la Defensoría.
De acuerdo a un comunicado del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (COVIC), esta persona contratada sería abogado de dos policías estatales y uno federal procesados como presuntos responsables de homicidio calificado y lesiones cometidos durante este desalojo.
