Alejandro Leyva Aguilar
Pues se impuso la mayoría simple de borregos en el Senado de la República que por apenas unos diez votos aprobó el plan “B” de berrinche propuesto por el peje después de que la Cámara de Diputados desechara la Reforma Constitucional. ¿Podremos tener elecciones limpias y con un arbitro autónomo después de esto?… veremos.
Nos quedan dos opciones, una que quizá suene descabellada y que tiene que ver con conseguirle al Instituto Nacional Electoral, financiamiento ciudadano. Es decir, una gran convocatoria para que los patriotas, aportemos dinero contante y sonante para que no sufra de recursos y pueda instalar casillas en los 300 distritos electorales y no solo en los que el peje le diga o le ordene instalar.
Tal vez a estas nuevas generaciones les suene descabellado y hasta loco, pero ya ha pasado en tiempos anteriores, no para financiar la organización de una elección, pero si para pagar deudas como la generada por los juicios internacionales luego de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas en 1938.
La gente llevó hasta gallinas y el entonces párvulo hijo del general de nombre Cuauhtémoc, a la postre líder moral de la izquierda moderna, rompió su alcancía para aportar dinero a la deuda que generó la decisión de su padre.
A alguien se le puede ocurrir y yo estaría dispuesto a aportar una suma de mi mensualidad con tal de que el INE pueda organizar las elecciones de 2024 sin las presiones económicas que le impone el llamado plan “B”, que en realidad pretende acotar al árbitro y restarle autonomía. Estoy seguro además, que millones de patriotas, aportaríamos dinero para que la elección de 2024 no se vea acotada.
La otra opción es la inconstitucionalidad. A partir de ya, se están armando decenas, si no centenas de denuncias de inconstitucionalidad del plan “B”, justamente porque contraviene a nuestra Carta Magna y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -que está justamente para defender la Constitución- deberá salvaguardar que ésta, no se vulnere por caprichos de un demente.
Me parece que existe la certeza de que el plan “B”, se topará con una sólida pared legal en la SCJN, que tiene los elementos para echar abajo esta chuza del ejecutivo y, como los Magistrados son Constitucionalistas, no podrán ir en contra de sus propios principios, ni mucho menos de las Constitución, avalando un berrinche del presidente.
No sería la primera vez, en cuatro años que lleva el ya saliente Ministro Arturo Zaldivar, la Corte ha evidenciado defectos constitucionales en reformas y políticas de la gestión de López. Un análisis de 18 votaciones de pleno de la SCJN entre 2019 y 2022, relacionadas con asuntos de interés para el gobierno del peje, muestra que en solo 4 casos hubo mayorías en favor del gobierno, morena y sus aliados y de ellas, solo una fue por unanimidad.
Los restantes 14 asuntos hubo 9 mayorías de 8 ministros, suficientes para invalidar la norma impugnada, mientras ye en 5 se encontraron inconstitucionalidades. Las acciones del gobierno pejista que nadie quiso avalar fueron: el candado de 10 años a funcionarios para pasar al sector privado, la venta anticipada de bienes sujeta a extinción de dominio, la omisión de López de nominar a tres comisionados de la COFECE, el “decreto interpretativo” del Congreso sobre la propaganda electoral y la prolongación de la presidencia de Arturo Zaldívar hasta 2024, que ni siquiera el propio magistrado aceptó y que evidenció que no conocía la maniobra de morena para aprobarla en el Senado.
Como podemos darnos cuenta y aunque cueste mucho trabajo creer en las leyes, sí existe una esperanza cifrada en los resultados de las votaciones de los magistrados, sobre todo cuando de defender la Constitución se trata, por eso la jugada de Ricardo Monreal de votar en contra que lo puede llevar a su expulsión de morena tras un juicio político, puede dejarle muchos dividendos cuando el plan “B” sea desechado por la SCJN por inconstitucional.
Ayer Arturo Zaldívar rindió su último informe y estoy seguro que ha visto cómo el poder ejecutivo está invadiendo, no solo las esferas de la justicia amenazando a jueces a quienes ha pedido que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue, sino también en la flagrante y reiterada violación a las normas constitucionales por parte del peje y sus secuaces.
Así que no todo está perdido y, por lo pronto hay que estar muy atentos al llamado para volver a tomar las calles, ahora frente a la SCJN para defender nuestra democracia y acabar de una buena vez y por todas, con los visos de autoritarismo y tiranía de este gobierno de cuarta que está atentando contra nuestros mas elementales derechos.
El peje es solo una desgraciada circunstancia, México es una razón, nuestra razón.
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