ERNESTO REYES

La política es optar entre inconvenientes. El gobierno morenista de Salomón Jara se inauguró con el retiro -con poca resistencia, aunque bastante enojo por parte de las mujeres desalojadas – del campamento triqui que, combinado con venta de artesanías, se alojó durante 12 años en el corredor del palacio de gobierno. Era ambulantaje, no lucha social, se dijo. 

Tras el desalojo, se posicionó en los medios que las personas triquis -con su “indumentaria india”, impedían el disfrute del zócalo como si no hubiesen existido cientos de manifestaciones de protesta, solo que con carácter relámpago o itinerante. Ahora que el centro rechina de limpio para beneplácito del turismo y los viandantes, quisiera pensar que los movimientos sociales no tendrán incentivos para destruir la paz pública, en tanto sea eficaz la atención gubernamental. 

La recuperación de la plaza de la Constitución logró que se olvidara la grave crisis de basura que padecemos que, si bien nos va, se estabilizará hacia la primavera. En tanto, respira Francisco Martínez Neri, y se apaciguan los carroñeros de nuevo cuño, a quienes les estorba. 

La mayoría aplaude el operativo del 2 de diciembre, a fin de disfrutar las fiestas de fin de año. Los comerciantes y los ricos no caben de júbilo. No obstante, quedan dudas de que problemas como -basura, ambulantes, plantones, marchas- vayan a desaparecer, aunque haya cambiado el gobierno. Hace dos meses el centro histórico era un cochinero y foco de infección. 

Puestas contra la pared, mucho más al perder las medidas cautelares de la CIDH, las personas triquis apelan a reuniones de carácter resolutivo con el gobierno. Sin embargo, su negativa a llegar a acuerdos con Gabino Cué y Alejandro Murat, les hizo perder apoyos hasta del padre Solalinde, quien acusó a sus líderes y “asesores” de negarse a un arreglo: “Quieren dinero”. Posición compartida por el gobierno federal. 

López Obrador aclaró que no tiene por qué haber represión ni desalojos, recordando que es tiempo de “ventilar todo”, y que eso no significa afectar a ningún pueblo o etnia: “Organizaciones y líderes se quedaban con los recursos para las comunidades”, enfatizó al dar su espaldarazo al gobierno oaxaqueño. Filtraciones oficiosas contaban aquí, cuántos millones se habían embolsado las familias del plantón y los “lujos” que les daba el gobierno. Faltó que las acusaran de vivir en San Felipe del Agua.

No obstante, existe un problema real. En 2010 se dio el “desplazamiento forzado masivo de triquis en Oaxaca, que tres años antes habían creado un municipio autónomo”, en San Juan Copala. “Eran sobrevivientes de la masacre que orquestaron paramilitares, donde murieron 32 personas, incluyendo mujeres y niñas, y que provocaron que cerca de 800 personas escaparan, perdiéndolo todo”. Se les privó del derecho a una vida libre de violencia. 

En el libro “Desplazadas por la guerra. Estado y violencia en la región triqui (editado por CIESAS) y el estudio “Los agravios ocultos del despojo”, se documenta que el conflicto se ha caracterizado por asesinatos y enfrentamientos entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, el MULT independiente, la Unidad de Bienestar Social en la Región Triqui y disidentes de las tres organizaciones que ensayaron un gobierno autónomo. 

El peso de las armas, el olor de la pólvora y la angustia de quienes demandan justicia, seguridad y regresar a su pueblo, sigue presente. El problema no se ha resuelto por factores en donde todos tienen alguna responsabilidad: gobiernos, organizaciones, dirigentes, partidos y los tres poderes del Estado. Por cierto, quienes presumen de proteger a los indígenas, a los pobres, callan como momias. 

Felícitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras de la radio comunitaria (2008), y Betty Cariño y Jiry Jaakola (2010) son víctimas notables; pero hubo cientos de personas orilladas a salir y refugiarse en Oaxaca de Juárez o Ciudad de México. Dos gobiernos solo administraron el conflicto y el federal estuvo ausente. Esperemos que el de la primavera oaxaqueña sí lo resuelva. 

Falta un mayor esfuerzo institucional para un exitoso proceso de pacificación y distender la zona, donde se vive una guerra intercomunitaria en la que imperan el odio entre hermanos y los grupos paramilitares. Sin embargo, existe todavía gente desinformada y de la élite intelectual y gobernante que se burla de estos “indios pata-rajada”, “mugrosos”, “flojos” … ¿Y el humanismo de la 4T apá? La cuestión triqui está envenenada, y la violación a sus derechos fundamentales no se puede borrar como se lava un parque. Urge poner un alto al racismo y la discriminación, impensable en una visión de izquierda. No hay triquis malos o triquis buenos: son seres humanos, como nosotros.

@ernestoreyes14

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