Alejandro Leyva Aguilar
No conozco a un solo morenista que le camine la ardilla -como comúnmente se les dice a los que no piensan- pero la que se pasó este fin de semana, después de los hechos violentos en Tijuana y en Baja California, fue la alcaldesa morenista Monserrat Caballero.
Esta señora mentecata, declaró que “no permitirá que ningún ciudadano tijuanense, pague las facturas de otros que no pagaron, así que urgió al narco que les cobre a los que no pagaron y no afecte a los demás”… La señora da por sentado que cobrar derecho de piso, es legal para los narcos y que tienen la prerrogativa de amenazar, extorsionar, violentar y hasta asesinar a quienes se nieguen a hacerlo, pero que a los demás no les hagan nada.
¿Y el estado de derecho?, me parece que con esas declaraciones, está renunciando a su responsabilidad como autoridad de esta ciudad fronteriza que después de los ataques del crimen organizado el viernes pasado, amaneció desolada y vacía. Si no puede la morenista, debería darle oportunidad a alguien que si tenga el valor de enfrentar al narco como se debe.
Obvio que hubo senadores hasta de su propio partido que hicieron un exhorto a la Presidenta Municipal, pero más que un exhorto se merece una juicio político y a separación inmediata de su cargo porque es evidente que, como Andrés Manuel, no sabe gobernar. Monserrat Caballero, abrazó y por consiguiente consintió la acción violenta del crimen organizado.
La semana que terminó el sábado pasado, fue una de las más violentas que hayamos vivido los mexicanos, eso producto de la “estrategia” abrazos no bálalos del “presidente”, así en minúsculas y entre comillas Andrés Manuel López.
Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, estuvieron bajo fuego literalmente, incendiaron autos particulares y tiendas de conveniencia, por tanto, causaron terror entre los ciudadanos. Algunas víctimas colaterales fue el desenlace de esta muestra de narcoterror en varios municipios de estos estados.
En lo particular, me llamó la atención un mensaje que recibía de una prima mía que vive en Jalisco y que transcribo literal
“¡Ay primo vivo en Valle de San Isidro y Río Blanco, aquí tienes tu casa!. Una zona se supone que bien. Vivo en un condominio y el martes parecía zona de guerra. ¡Fue de pánico!, quemaron autos particulares, camiones.veníamos llegando a casa como por la tarde-noche y se vivió terror en la calle , despojaban a las personas de sus autos y les prendían fuego; corrimos a resguardarnos en casa, todos alejándonos de ventanas, por cualquier bala perdida. No podía creer que esto estuviera pasando justo afuera de mi casa. Es horrible vivir así, sin seguridad y pensando en nuestros chavos que tienen que ir al colegio en medio de este caos. Un abrazo primo, te leo y me encanta. Wow no puedo creer que tu noticia ahora sí, la vivimos de cerca…”
Profesionista ama de casa e hija excepcional, es una lectora consuetudinaria de esta columna aunque viva a miles de kilómetros de distancia de su natal Oaxaca, ella ha sido testigo de que lo que la prensa consigna, no es un ataque a ultranza al gobierno de la cuatroté, sino una realidad insoslayable.
Fueron actos de narcoterror y, podrían ser la respuesta del crimen organizado a un viraje de la política de seguridad nacional -si es que la hay- que, en los hechos cambiaría los abrazos, por los balazos y acciones más contundentes contra el crimen organizado, consideran expertos en seguridad. Especialistas opinan que este viraje en el modelo de combate, tiene que ver con presiones de los Estados Unidos.
El mensaje de terror que mandan los narcotraficantes, coinciden Raúl Benitez, David Sauce y Edgar Ortiz Arellano expertos en seguridad pública y entrevistados por el Universal y los ataques a la población civil, vehículos particulares y diferentes giros de negocios, va dirigido al gobierno de López al que claramente le está diciendo que no estas dispuestos a someterse.
Es un mensaje de poder y también para causar miedo a la población, para que el gobierno no haga nada en contra de ellos. Algo parecido a lo que pasó en Sinaloa en el llamado “culiacanazo” donde Ovidio Guzmán, hijo del Chapo -don chapo para López- dobló al gobierno federal que lo tuvo que liberar, por órdenes del “presidente” y por la presión y el terror ejercidos por sus huestes criminales.
Los expertos en seguridad, entrevistados, algunos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también sostienen que los actos de narcoviolencia en cuatro estados diferentes, “no están correlacionados pues suponen lógicas distintas”. Mientras Ciudad Juarez tiene una lógica, Guanajuato y Jalisco, es otra y, por tanto Chihuahua también.
En el Bajío (Guanajuato y Jalisco), fue el Cartel Jalisco Nueva Generación, por la acción del ejército para detener a capos de ese cartel; en Baja California fueron los Mexicles, brazo armado del Cartel del Sinaloa a quienes el cartel contrario asesinó a dos de sus integrantes.
Y a todo esto ¿qué dice el gobierno federal?… el mutis del gobierno de la cuatroté, dice mucho más que las palabras que se puedan pronunciar en una mañanera.
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