Oaxaca de Juárez, Oax., a 11 de julio de 2021. El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla consideró fundamental reconstruir ante la sociedad, la legitimidad y confianza de las actuaciones de los diferentes cuerpos de seguridad, como medida emergente para satisfacer el derecho de las personas a la seguridad pública y la justicia.
En su videocolumna “Puntos Cardinales” de este domingo, el ombudsperson abordó el tema “Seguridad y uso legítimo de la fuerza”, en el que sostuvo que la violencia o conflictividad social, representan uno de los mayores retos para las sociedades modernas, por lo cual, el Estado debe de contar con instituciones fuertes que puedan atender estos fenómenos sociales.
“No se debe regresar a aquellos tiempos en los que las personas tenían que hacerse justicia por propia mano, cuando existen en la actualidad instituciones que cumplen con esta función”, apuntó.
Recordó que un Estado democrático, si bien tiene la la potestad del uso de la fuerza, esta no es una carta en blanco, pues siempre debe estar acotada por la ley y por los propios derechos humanos, es decir, debe estar sujeta al Estado de Derecho.
Explicó que las sociedades modernas han creado las figuras de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo que permite que los agravios en contra de algún integrante de la comunidad sean atendidos por las autoridades correspondientes.
Sin embargo, una de las problemáticas identificadas consiste en la extralimitación de las funciones de estos cuerpos de seguridad, o bien, cuando estos dejan de hacer lo que la ley les marca, por tanto, dijo, se requiere generar mejores estadíos de actuación y con ello de la confianza que la ciudadanía tiene en estas corporaciones.
“Existen diferentes instrumentos de medición que dan cuenta que en México la confianza hacia estas instituciones de procuración de justicia y elementos de seguridad es más bien mínima. El Latinobarómetro 2018 puntualiza que México se encuentra incluso por debajo de algunos países de Centroamérica como Nicaragua y Salvador en niveles de confianza hacia estas instancias y son los cuerpos de seguridad municipal los que presentan los menores porcentajes”, detalló.
En este sentido, Rodríguez Alamilla sostuvo que gran parte de las quejas que recibe la Defensoría están en relación con la actuación de la autoridad municipal, particularmente con las policías municipales. Entre mayo de 2020 y el mismo mes, pero de 2021, se han documentado 312 investigaciones relacionadas con uso desproporcionado de la fuerza por parte de policías municipales, e incluso, se tiene registro de cinco casos de homicidios en los que se registró la intervención directa de estos servidores públicos, indicó.
En este contexto, apuntó, es indispensable llevar a cabo cinco acciones para fortalecer el ejercicio de los cuerpos de seguridad pública y, enumeró: el primero, consiste en afianzar el principio de legalidad, que faculta y obliga las corporaciones a actuar en el marco de la ley.
El segundo elemento, explicó, tiene que ver con que el uso de la fuerza por parte de las corporaciones sea estrictamente necesario, lo que significa que si existe una posibilidad de que no se utilice la fuerza y se resuelvan los conflictos por medios no violentos, se atiendan de esta manera.
El tercer elemento consiste en el principio de proporcionalidad: las acciones de la autoridad deben ser acordes al riesgo que implica la situación. Si existe un determinado delito, debe valorarse y la fuerza empleada debe ser proporcional al riesgo que implica dicha actividad delictiva, afirmó.
El cuarto, precisó, se refiere al principio de rendición de cuentas, que implica que todas las actuaciones de la policía y sus mandos directivos deben estar sujetas a la transparencia, por lo que la sociedad puede exigir y tiene el deber de saber si la actuación de la fuerza fue o no la adecuada.
Finalmente, indicó el defensor de los Derechos Humanos, el quinto elemento tiene que ver con condiciones adecuadas laborales y de capacitación permanente para los servidores públicos de los cuerpos policiales, a través de procesos formativos podrán estar al día en materia de derechos humanos y bajo una condición de justicia en términos laborales.
La videocolumna “Puntos Cardinales” es un espacio de reflexión y análisis en materia de derechos humanos, a través de la cual se abre la conversación sobre temas de interés colectivo, que se transmite cada domingo a través de las redes sociales del ombudsperson oaxaqueño y de la propia Defensoría.
