- Expresan preocupación por la judicialización como represalia a la labor de defensa de derechos ambientales y del territorio en Oaxaca y Chiapas
Oaxaca de Juárez, Oax. 05 de marzo 2021. Mediante Acción Urgente UA MEX 14/2020 dirigida al Estado Mexicano, cuatro Relatores Especiales y un Grupo de Trabajo de la ONU expresan su preocupación por la información recibida en relación a violaciones de los derechos humanos cometidas en contra de las personas defensoras Pablo López Alavez, Fredy García Ramírez, José́ Luis Gutiérrez Hernández, César Hernández Feliciano y Teresa Roldán Soría. Solicitan se garanticen sus derechos y se investiguen responsabilidades.
En relación al caso del defensor del bosque Pablo López Alavez, resaltan la gravedad de que permanezca en prisión más de 10 años después de haber ser detenido en agosto de 2010 y que su detención “ha sido ya identificada como contraria a los derechos humanos a la libertad y seguridad personal, según la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (Opinión número 23/2017).”
Sobre la situación de Fredy García Ramírez, vocero de CODEDI, recalcan que lleva más de un año en prisión preventiva y que han recibido información sobre malos tratos cometidos en su contra.
Asimismo, expresan profunda preocupación por haber sido informados de que las detenciones y judicialización de los dos defensores oaxaqueños, pero también en el caso de los dos defensores chiapanecos – José́ Luis Gutiérrez y César Hernández- ha sido en represalia a su labor de defensa del medio ambiente y el territorio.
Por otro lado, alertan frente a los impactos de la detención de personas defensoras durante la pandemia por COVID-19, y la falta de atención médica adecuada en este contexto.
Solicitan información sobre las medidas adoptadas por el Estado Mexicano para garantizar que “las personas defensoras de derechos humanos en los estados de Oaxaca, Chiapas y Querétaro, en particular las y los defensores de los derechos ambientales, puedan llevar a cabo su labor sin miedo a sufrir obstrucción en su trabajo o actos de intimidación o violencia de ningún tipo.”
Concluyen su comunicación instando al Estado Mexicano a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos, investigar y procesar a los responsables y garantizar la no repetición de las violaciones denunciadas por Pablo López Alavez, Fredy García Ramírez y otras personas defensoras referidas.
