26 de mayo de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax. Presentamos este breve diagnóstico de la situación del periodismo en Oaxaca, como resultado de un largo trabajo de debate, análisis, crítica y autocrítica en la Asociación de Periodistas de Oaxaca, A. C. (APO). En la inteligencia de que hace falta poner por escrito detalles de dicha situación, pues si bien es un tema conocido por quienes se encuentran en el medio periodístico, cierta sistematización nos podría permitir una más objetiva comprensión de la problemática, así como dar un panorama a quienes no se hallan en el medio. Adelantamos que no es un ejercicio exhaustivo, hay casos de agresiones a periodistas no consignados, así como más datos sobre el tema. La idea es intentar ofrecer un panorama para la comprensión de la problemática.
Es pertinente apuntar, de entrada, que los medios de comunicación y los periodistas se mueven en una entidad de la república ubicada en los últimos lugares de los indicadores educativos, económicos, industriales, de competitividad. Prácticamente no hay industria en Oaxaca, sólo contamos con cuatro grandes: la Refinería de Salina Cruz; la Fábrica de Cementos Cruz Azul de Lagunas; la Industria eólica, estas tres en el Istmo de Tehuantepec; además de la Fábrica de Cerveza Corona en Tuxtepec. Apenas unos 12 mil empleos directos generan estas industrias.
Por otro lado, el Producto Interno Bruto de Oaxaca respecto al nacional es de 1.5 por ciento (INEGI). El 97 por ciento de los recursos de la entidad provienen de la federación, los empleos más codiciados son los del sector público, sobre todo los del magisterio con sus 100 mil trabajadores. Con una iniciativa privada débil, es el recurso público el que mueve la economía estatal, cuando se invierte, claro está.
Es notoria la debilidad de la economía oaxaqueña. Con un mercado reducido dónde no hay clientes para los medios, entonces el principal cliente es el sector público, los gobiernos, sobre todo estatal y municipal. Por supuesto, nos referimos a los clientes que pueden sostener a un medio de comunicación, pues el cliente ideal, para quien se escribe y quien justifica la razón de ser del periodismo, el lector, posee acá escasa capacidad para sostener un medio. Habida cuenta de la pobreza económica como de la histórica baja calidad educativa.
La baja educación y de mala calidad del oaxaqueño es otro escollo de los medios de comunicación, el promedio de escolaridad según el INEGI es acá de 7.5 grados en tanto el nacional es de 9.2 grados. Con los más altos índices de analfabetismo junto a Chiapas, 13.3 por ciento, muy alto en comparación con el total nacional de 5.5 por ciento. La suerte del periodismo en Oaxaca es incierta, poco dinero y poca escolaridad, dos puntos esenciales para desarrollar un periodismo de calidad que, está dicho, necesita dinero y lectores.
En ese contexto de suyo adverso se ha desarrollado el periodismo oaxaqueño, a lo que se le agrega ahora el desplazamiento del periodismo tradicional por el periodismo por internet, un medio casi gratuito de mayor alcance e inmediatismo. Todo parece adversidad, aunque siempre hay caminos a explorar.
De aquí la preocupación de nuestro gremio por iniciar este trabajo que hoy presentamos, el breve diagnóstico de la situación del periodismo en Oaxaca. Durante los dos años recientes la Asociación de Periodistas de Oaxaca, A. C. (APO) realizó foros, encuentros, mesas redondas, conferencias, cursos, charlas, entrevistas y un diplomado en periodismo. Actividades efectuadas con periodistas de probada experiencia y largo trabajo en las regiones de Oaxaca. Asimismo, también nos hemos asesorado de destacados abogados y defensores de periodistas y de derechos humanos. Una relación de estos trabajos se anexa a este escrito.
Ha sido amplia y diversa la discusión de estos temas, con los periodistas oaxaqueños y de otras partes del país, sin omitir a las autoridades del área de justicia y derechos humanos. De todo ello hemos concluido, a la par de nuestra experiencia en el ámbito periodístico, con los siguientes puntos centrales en torno a la defensa de la libertad de expresión en Oaxaca.
1.- No más leyes sino abatir la impunidad
Rechazamos la ociosa “re legislación” para hacer leyes especiales para protección de los periodistas. Para proteger a los comunicadores no hace falta repetir leyes que ya están en la Constitución o en los Códigos sino de que éstas se cumplan, que cese la impunidad.
La idea de hacer nuevas leyes para que ahora sí se cumplan, no es algo reciente, sino viene desde los mejores años de los regímenes demagógicos, que lo mismo inventaban leyes y creaban fiscalías especiales o hasta secretarías de Estado para simular que se atendía una problemática. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) es una muestra en el ámbito nacional del periodismo.
En 2017 opinamos respecto a esa Fiscalía que durante siete años de funciones apenas había resuelto tres casos. Su rentabilidad social es ínfima, los 30 millones de su presupuesto anual es dinero del pueblo prácticamente dilapidado. El Fiscal de ahí recibe 112 mil pesos de salario mensual libre de impuestos. Si desaparece esa dependencia nadie lo sentiría. Prácticamente está ahí afectando a los periodistas, cuestionando más a los periodistas que a los agresores.
La APO rechaza la invención de nuevas leyes especiales para periodistas, pues además que no somos distintos a cualquier ciudadano, ni debemos gozar de alguna distinción, las normas jurídicas ya están precisas para sancionar a quien realice actos contra la seguridad y ejerza violencia contra cualquier ciudadano, entre ellos los periodistas.
De nada sirve hacer decenas de leyes si éstas no van a cumplirse o aplicarse, si no van a servir como las que ya están legisladas. No hacen falta leyes sino abatir la impunidad. Esa impunidad que garantizan las autoridades es el grave problema.
2.- No a “unidades especializadas” ni órganos burocráticos
La APO rechaza la creación de nuevos entes burocráticos para la atención de delitos contra periodistas. Durante las últimas décadas hemos visto que las Fiscalías Especiales o Comisiones de la Verdad no han servido. Por citar solo un par: la Fiscalía Especial para esclarecer los hechos de 1968 no enjuició a nadie finalmente. En Oaxaca se gastaron recursos públicos en la Comisión de la Verdad para los hechos de 2006, sin resultados.
La FEADLE cuya ecuación costos-resultados es por completo adverso, ineficiente, como dio a conocer la APO en 2017, cuando el entonces ejecutivo federal hizo crear símiles de esa Fiscalía en los estados de la República para simular respuesta a los asesinatos de Javier Valdez y Miroslava Breach en el norte del país.
El 3 de agosto de 2017 la Fiscalía General de Oaxaca, con su entonces flamante titular Rubén Vasconcelos Méndez, creó la Unidad Especializada en Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, sin utilidad notoria desde entonces y hasta ahora. Un acuerdo a todas luces improvisado, inscrito en esa farsa nacional de la presidencia de la república. Ni siquiera cumplió sus propios artículos este nuevo ente burocrático oaxaqueño sin utilidad. Y con eso dicha Unidad no está legalmente conformada. Su artículo quinto dice que contaría con un Consejo Consultivo, integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros con voz y voto. Aunque todos ellos serían designados por el fiscal general, nunca se nombraron.
De los casos que la APO llevó a esa nueva burocracia, ninguno recibió siquiera algún impulso procesal. El primer titular de esa oficina dijo a la dirigencia de la gremial que los casos federales no eran de su competencia, cuando en reciente reunión de la FEADLE con comunicadores oaxaqueños, ésta había anunciado estrecha colaboración con sus símiles estatales. Evidentemente se trató de otro acto de simulación.
Es más, en este mes de abril de 2019 tenemos otra muestra del actuar sesgado y faccioso de esa Unidad Especializada y de la Fiscalía General del Estado en general. Con el caso del compañero socio de la APO Rufino Feria Bautista. Este 30 de abril el reportero cubría la disputa que se daba entre los taxistas y moto taxistas donde los primeros se oponían a que los otros entraran a ofrecer sus servicios de transporte a la población.
Como las informaciones de la violencia ejercida por los taxistas, por cierto apoyados abiertamente por SEVITRA del gobierno del estado, incomodaba a ese grupo, ese día agredieron al reportero robando sus pertenencias, celulares, cargadores, cartera; golpeándolo y amenazándolo de muerte. Todo lo cual está documentado en fotos y videos que prueban de manera fehaciente la agresión.
Rufino Feria hizo su denuncia el mismo 30 de marzo. El 9 de abril sus agresores hicieron otra en su contra por los mismos motivos que él esgrimió: robo, amenazas y agresiones.
Sorprende la celeridad que esa autoridad dio a la denuncia contra el compañero Rufino, cuando la que él interpuso ni siquiera ha sido atendida; le dicen que fue enviada a la mesa especial para delitos cometidos contra la libertad de expresión de la ciudad de Oaxaca, pero casualmente eso ha retrasado su atención, que no se da hasta la fecha de hoy jueves 23 de mayo de 2019.
En dos ocasiones el encargado de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, le ha avisado que viajará a atender su caso hasta Pinotepa y en ninguna ha cumplido. Una fue antes de en la asamblea ordinaria de la APO donde Rufino expondría su caso, retrasándolo casualmente.
La Asociación de Periodistas de Oaxaca buscó entrevistarse con el Fiscal Rubén Vasconcelos, el servidor público se negó a recibirnos. También solicitamos la atención a la Mesa Directiva y de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Oaxaca sin respuesta, diputados César Morales Niño y Elisa Zepeda Lagunas, respectivamente.
Si esas Fiscalías o Unidades Especiales uncidas a las procuradurías de Justica o Fiscalías Generales, no son útiles, menos las burocracias como Órganos Consultivos o colegiados donde reúnen a Secretarías o dependencias de gobierno a cuyas reuniones acuden funcionarios no siempre interesados en el tema, más bien generalmente por cubrir la presencia de su dependencia en esos órganos a la postre intrascendentes. No es, pues, burocracia lo que necesitamos, sino, reiteramos, el cumplimiento de las leyes, la acción de la justicia, el cese de la impunidad, ejercicio del Estado de derecho.
3.- Impunidad garantizada, la situación de Oaxaca
Cese a la impunidad de las agresiones a periodistas, pues es dicha impunidad la que alienta todas las agresiones y transgresiones en la sociedad, no sólo contra los periodistas, sino en todos los sectores sociales. Es abrumador el porcentaje de impunidad, el 99.13 por ciento de delitos contra periodistas quedan en esa condición, según el informe “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, de Artículo 19. Eso abre la puerta a particulares y a miembros de gobiernos, funcionarios, políticos, presidentes municipales, a agredir a periodistas pues saben que es muy remoto recibir castigo por ello.
En Oaxaca los presidentes municipales son intocables, nunca se les llama a cuentas cuando son denunciados por agresiones o amenazas a periodistas. Entre varios ejemplos tenemos lo sucedido con el edil de San Lucas Ojitlán, Cuenca del Papaloapan. En Tuxtepec Aisleth Alcocer Tinoco y Rodolfo Iván Nava Mora del portal de noticias NCA Tuxtepec, fueron agredidos el 25 de julio de 2017 por personal del entonces presidente municipal de San Lucas Ojitlán, Porfirio Ortiz Córdoba. Filmaban en las inmediaciones de la mansión del edil que llaman “La casa blanca” en Tuxtepec cuando ciudadanos ojitecos amenazaban con apedrear la mansión.
El agresor de los comunicadores fue Víctor Efraín Aragón Ponce, cercano colaborador del presidente municipal. La denuncia formal se presentó en la mesa 1 de la fiscalía ubicada en la avenida Francisco I Madero, colonia María Eugenia, con el licenciado Edgar Ariel Robledo Cosme. Número de legajo 1949/FTuxb/2017. El abogado de los periodistas no pudo avanzar, por esos mismos días el responsable de la Fiscalía en Tuxtepec casualmente tuvo vacaciones, y después la cerrazón fue total.
Dos semanas antes ese mismo edil ordenó a su policía despojar de sus periódicos a voceadores, donde también se trataba su “casa blanca”. No obstante que los periodistas denunciaron jurídicamente, con abogados y toda la formalidad, nunca se inició el juicio. La vice fiscalía de Tuxtepec abiertamente negó todo trámite legal.
Este caso fue especialmente relevante para nosotros, pues prueba la omisión absoluta de la Fiscalía General del Estado en la aplicación de la justicia, sobre todo al dejar en la indefensión a los periodistas. Así esa autoridad permite y alienta la violación del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad. Esto sucedió en 2017 cuando ya fungía como Fiscal General Rubén Vasconcelos Méndez.
Otro ejemplo donde la autoridad municipal estuvo directamente vinculada fue en la muerte de un periodista en Huajuapan de León. El 26 de junio de 2016 se reportó la muerte del joven locutor Salvador Olmos García, de la radio comunitaria mixteca” Tuun Ñuu Savi” que transmite desde las instalaciones de la Escuela Normal Experimental Huajuapan.
Olmos García de 27 años de edad fue detenido alrededor de las 23:00 horas del 25 de junio por elementos de la policía municipal mientras realizaba pintas en el “Hemiciclo a Juárez” de la Colonia del Maestro en Huajuapan de León, por lo que habría sido trasladado al Ministerio Público. Pero familiares de Olmos García denunciaron que estuvo detenido de forma arbitraria por varias horas y aseguran fue víctima de tortura y tratos crueles por parte de la corporación municipal. El cuerpo del comunicador fue encontrado aproximadamente a las 4 de la mañana del siguiente día en una zona muy alejada de donde lo detuvieron.
También en Huajuapan de León fue asesinado Agustín Pavia, joven colaborador del programa “Forum” de la misma radio comunitaria ‘Tuun Ñuu Savi’, en septiembre de 2016. A Pavia sus compañeros le reconocían su
valor por denunciar los abusos del poder político en la municipalidad de Huajuapan y de los cacicazgos de la Mixteca, pues sus críticas ponían el dedo en la llaga en los múltiples casos de injusticias y violaciones a los Derechos Humanos. Voz crítica permanente del cacicazgo local, que a algunos les urgía silenciar.
En el año 2006 se dio la extraña muerte del periodista Francisco Flores Salanueva, a unos días de hacer pública su investigación sobre una presunta red de pederastia. “Extraña muerte de un periodista”, tituló La Jornada de Oriente una nota sobre la muerte del Flores Salanueva, quien era corresponsal del diario Noticias de Oaxaca en Huajuapan. En la publicación, consigna que oficialmente su deceso fue a causa de un accidente automovilístico, pero los activistas de derechos humanos y familiares aseguraban que pudo tratarse de un homicidio por haber sido un periodista incómodo para el grupo de “El Yunque” y el Ayuntamiento panista de Huajuapan de León, Oaxaca. No hubo investigación que aclarara la muerte del comunicador.
Flores Salanueva y el informativo www.mixteca.com.mx estuvieron llevando un seguimiento de los excesos de los funcionarios de este ayuntamiento, sobre todo del presidente municipal de Huajuapan, Procopio Gaudencio Martínez Ramírez, hermano del notario público Luis de Guadalupe Martínez, cacique político panista de la región en esa época cuando ese hermano suyo fue presidente municipal y su hijo diputado federal.
En marzo de 2017 se dio un caso muy sonado en Tuxtepec, donde un numero grupo de periodistas locales denunciaron al presidente municipal Fernando Bautista Dávila, de ordenar la intervención de sus comunicaciones. Apenas y se abrió una investigación, pero sólo contra uno de los subordinados del edil mencionado. En abril de 2019 de nuevo el reelecto edil fue acusado de ordenar amenazar a un reportero del medio El Piñero de la Cuenca. Hasta ahora no hay resultados.
Además de los ediles impunes, también recibimos agresiones de los grupos de poder fáctico, como los sindicatos, la Sección 22 del CNTE y Sindicato Libertad por ejemplo, pero hay muchos más ejemplos en el interior del estado, las organizaciones como la COCEI, UGOCEP. En menor medida las agresiones se dan en el marco de las actividades de la delincuencia, aunque puede colegirse que en ocasiones algunas autoridades están en sintonía con esos grupos.
También afectó a la actividad periodística la labor facciosa de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) con su extitular Arturo Peimbert. No se atendían los casos de compañeros agredidos por los miembros del magisterio de la Sección 22, quienes frecuentemente agreden a comunicadores en el ejercicio de su función informativa.
El Décimo Encuentro de Periodistas, realizado por medios de comunicación y la APO, exigió a la Fiscalía de Oaxaca información de las investigaciones, si las hay, del caso de María del Sol. En dicho Encuentro la periodista
Soledad Jarquín, madre de María del Sol, relató la dureza de esa insólita experiencia de perder a su hija. “Ustedes saben —dijo— el 2 de junio, mi hija María del Sol Cruz Jarquín, a quien nombro con orgullo y mucho amor, fue asesinada junto con Pamela Terán Pineda y Adelfo Guerra Jiménez. Desde entonces la vida de mi familia cambió para siempre”.
Ahí mismo, Martha Izquierdo, periodista de larga trayectoria del Istmo de Tehuantepec, en su intervención sostuvo que la protección que brinda el gobierno a los periodistas no es útil, si ella no hubiera contado con el apoyo del diario Reforma de la Ciudad de México que la sacó de la región, expresó, “quién sabe si aún estaría viva”. Fue en 2007, cuando inició en el Istmo la escalada gansteril violenta. La periodista aunque cuenta con medidas cautelares, teme por su seguridad pues son los mafiosos locales quienes mandan en la región, expresó.
“Reyes Héctor Suárez, quien ha sido corresponsal de Televisa y Milenio Tv, llamó la atención sobre una situación insólita, la represión que desatan los empresarios hoteleros de la Costa cuando la información del clima afecta sus reservaciones de habitación. Con tal de no dejar de ganar, dijo, los hoteleros han sido capaces de habilitar golpeadores contra los comunicadores que al dar las noticias del clima afectan sus intereses. De manera que la represión no es privativa del hampa, políticos y funcionarios, sino también los empresarios comenten esos actos.
“Roberto Hernández, de El Piñero, expresó que la región de la Cuenca está muy abandonada, en materia de justicia y en atención periodística. La situación es grave, ejecuciones constantes, en los límites de Oaxaca y Veracruz. La autoridad, cuando llega a esa zona, no escucha ni atiende. Tal como lo hizo el Fiscal general en días recientes, quien también realizó compromisos que no cumple. Además, dijo, los periodistas de la Cuenca enfrentan a una burocracia “grosera” de la fiscalía que dice no tener personal que nos atienda en la zona y nos mandan a Oaxaca a hacer nuestras denuncias.
“Ricardo García Jiménez, presidente de la AIMPIM, entregó una relación de 13 periodistas asesinados en Oaxaca de 2008 a 2017. Teresa Bautista Merino, Felicitas Martínez Sánchez, Alberto López Bello, Octavio Rojas Hernández, Abel Manuel Bautista Raymundo, Armando Saldaña Morales, Filadelfo Sánchez Sarmiento, Édgar Hernández García, Marcos Hernández, Reynel Martínez Cerqueda, Elidio Ramos, Salvador Olmos García y Agustín Pavia Pavia”.
Habría que agregar la desaparición del joven reportero del Sol del Istmo en Matías Romero, Agustín Silva, el 22 de enero de 2018, en un contexto de auge de la delincuencia huachicolera con la presencia de miembros del Ejército, con quienes fue visto poco antes de desaparecer Agustín. El Fiscal General declaró que la desaparición del reportero no tenía que ver con su actividad periodística, pero no dijo entonces a que podría responder. Otro caso en la impunidad absoluta.
El caso más reciente es el asesinato de Telésforo Santiago Enriquez, periodista, asesinado este 2 de mayo de 2019, cuando estaba a punto de llegar a la estación para iniciar su noticiario. El profesor jubilado fue fundador hace seis años de la radio comunitaria Estéreo Cafetal “La voz Zapoteca” 98.7 FM en San Agustín Loxicha.
La Fiscalía General del estado debe considerar todas las líneas posibles, en caso de investigar, particularmente la que se refiere a su trabajo editorial en la radio. Una de estas líneas de investigación sería el entorno de las autoridades municipales a quienes el comunicador criticaba por su ejercicio de gobierno y falta de transparencia. Hay dos hechos conocidos entre la población: la amenaza que sufrió el periodista meses antes por un presunto familiar del actual edil, amago que incluso habría salido al aire de “La Voz Zapoteca”, de acuerdo a versiones de pobladores de la municipalidad a medios de comunicación. La otra apunta a un altercado que tuvo el exdiputado federal priista y lider político de la zona Óscar Valencia García, quien con su escolta detuvo al comunicador en el crucero de El Manzanal y le hizo un fuerte reclamo, según versiones de pobladores de San Agustín Loxicha.
En dos ocasiones el Fiscal General, Rubén Vasconcelos, acudió a la sede de la APO en 2017 para exponer la situación de los casos de periodistas agredidos de Oaxaca. Ahí él mismo informó de un número de 60 carpetas de investigación de agresiones a comunicadores, 10 de los cuales eran de asesinatos. La petición de que revisáramos conjuntamente los expedientes en otra reunión, ya no se atendió. Tampoco se dio, por otro lado, información de esos casos planteados por la autoridad.
Después de esas declaraciones las agresiones y muerte de comunicadores continuaron con puntual impunidad. Este 21 de enero cumplió un año la desaparición de Agustín Silva en Matías Romero. Asimismo, lleva once meses en igual impunidad el asesinado de la joven fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín en medio del proceso electoral municipal de Juchitán en junio del año pasado. La joven cayó al lado de la regidora y candidata de nuevo a regidora Pamela Terán, hija del encarcelado Juan Terán, acusado de ser jefe de una banda de actividades ilícitas en Juchitán.
Amenazar, golpear y hasta matar periodistas se hace en México con toda impunidad. No sólo no hay castigo a los infractores, sino hasta se envía el mensaje de que cuentan con el visto bueno de las autoridades. Uno de esos mensajes fue la liberación del que fuera procesado como asesino del periodista Marcos Hernández Bautista, corresponsal del Diario Noticias en la Costa Chica. Marcos fue abatido a balazos el 21 de enero de 2016; el acusado, ex comandante de la Policía Municipal de Santiago Jamiltepec, fue sentenciado a 30 años, pero salió pronto. Entonces, este caso que al menos tenía en prisión al considerado asesino material volvió a la completa impunidad.
Según información reciente de la organización Artículo 19, Oaxaca es el tercer estado más letal para la prensa en México, con 13 periodistas asesinados considerando el año 2000 a la actualidad. Lamentablemente, no hay signos de que esto pueda detenerse.
El fiscal ha expresado de manera reiterada que la cantidad de recursos autorizados en el presupuesto de egresos para su institución es insuficiente para funcionar de manera eficiente, falta gasolina, personal capacitado, materiales, dinero para investigaciones, dijo el funcionario. Puede hacer falta dinero, lo que no puede admitirse es que con ese argumento haya plena omisión en materia de resultados. Ningún caso de agresiones a periodistas ha sido resuelto, lo cual no es aceptable pues no hay cero presupuesto como para que haya cero resultados.
4.- La cuestión financiera
El sector de comunicadores vivimos situaciones de riesgo por la violencia de quienes aprovechan, hoy más que nunca, el caldo de cultivo de la impunidad predominante. Afrontamos severos riesgos profesionales. Las propuestas de creación de Fideicomisos con fondos para periodistas deben ser sopesadas, pues puede alentar mayor división y conflictos en el gremio. Hay experiencia en pleitos por administración de recursos.
Ahora bien, tampoco podemos incurrir en posturas soberbias de rechazo a fórmulas de impulso económico, habida cuenta de las crisis editoriales y los desarrollos tecnológicos que desplazan a los medios tradicionales. En este rubro radica buena parte de nuestras debilidades y problemáticas en el medio periodístico. Que alcanzan a medios con antigüedad, algunos que parecían consolidados, sobre todo a los medios escritos, muchos de los cuales han entrado en una fase de desaparición.
Por un lado, la debilidad económica llega a despojar a los medios de su esencia: su contenido crítico, al privilegiar el editor lo urgente, que es obtener recursos primero para su subsistencia, quedando de lado el objetivo netamente periodístico. Así, vemos medios que casi solo contienen boletines e información oficial de los gobiernos del estado y municipales, sin información de mayor utilidad para el público. Ejemplos de lo anterior hay tanto en la capital del estado como en municipios del interior.
La Coordinación de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de Oaxaca administró el año pasado 270 millones de pesos. Ello con total opacidad, pues a pesar de que le fue requerido a través del IAPO a proporcionar algunos detalles del ejercicio de esos recursos, se negó a dar dicha información. A diferencia de otras dependencias, la Vocería no intentó transparentar el uso de esos recursos públicos de los oaxaqueños.
Desde el inicio del presente sexenio, se evidenció la política pública desfavorable a los medios de la entidad. Bajo el eufemismo de pago de publicidad por evento, se redujo de manera desproporcionada la entrega de publicidad o anuncios del gobierno estatal a los medios. Es evidente que se privilegia en destinar mayores recursos a los llamados medios nacionales de la Ciudad de México.
Se considera censura indirecta a la Libertad de Expresión a la distribución arbitraria de los recursos de la Hacienda Pública en la asignación de publicidad oficial; condicionar el pago de esa publicidad, así como otorgar esos recursos con el objetivo de premiar o castigar a los comunicadores. Eso se sigue haciendo en Oaxaca.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que se “podría negar la publicidad a todos los medios de comunicación, pero no puede negarle ese ingreso sólo a algunos medios, con base en criterios discriminatorios”.
En Oaxaca, la dinámica arriba señalada es muy común, en los Ayuntamientos y gobierno del estado se tiene como normal pagar publicidad con recursos públicos esperando el silencio cómplice de los medios; además, la mayoría de ayuntamientos a pesar de contar con partida presupuestal para difusión institucional, la usan para otros fines.
Los mismo sucede en el Congreso de Oaxaca desde hace más de 8 años, recursos destinados a comunicación social son prorrateados entre los 42 diputados para que ellos los ejerzan de acuerdo a sus personales decisiones, obviamente no hay informes ni transparencia en el uso particular de esos recursos públicos. Generalmente pasan a ser otro más de sus ingresos adicionales a sus dietas y demás apoyos. Cuando esos presupuestos deben ser para satisfacer el derecho a la información de los ciudadanos.
Por lo anterior, consideramos urgente transparentar el uso de los recursos para comunicación social en el Congreso de Oaxaca, que se informe cuánto recibe por ese concepto cada diputado y el destino que le da. Asimismo, la dirección de Comunicación Social de la Legislatura debe informar de los convenios con los medios, y transparentar el destino de pagos y contratos.
En un ejercicio de análisis realizado en la APO a finales de 2018, se llegaron a algunas conclusiones:
Urge transparencia de los recursos públicos ejercidos por la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado de Oaxaca. En 2018 ejerció, de acuerdo al presupuesto de egresos, 268 millones 899 mil 042 pesos. No hay informes de cómo, en qué y dónde lo ejerció. Sin embargo, para el ejercicio 2019 solicitaron un notable incremento, 275 millones 574 mil 615.63 pesos. El que finalmente no fue autorizado por el Congreso, que, al contrario, le redujo en 40 millones su presupuesto.
Con el informe de gobierno de ese año se daba por hecho que los recursos de las dependencias se habían ejercido, pero medios de comunicación de Oaxaca, periódicos, revistas y portales de internet aún no recibían sus
pagos de publicidades realizadas desde mediados de ese año. De igual manera se ignora cómo se gastó ese recurso pues nunca como en este gobierno la publicidad a la mayoría de los medios se ha reducido, es decir nunca se había derramado menos dinero en el área, al menos dentro de la entidad. Instituyó esa Vocería un método llamado “Campañas”, y sólo contrata a la mayoría una o dos publicidades al año. Y se tarda medio año en pagar.
5.- Andanada contra los medios
Todo lo anterior muestra una intención para ahogar a los medios en Oaxaca, sobre todo a los críticos; periódicos, revistas y portales de internet están desapareciendo, con la consecuente afectación por el desempleo. Pero, sobre todo, con la desaparición de opciones de lectura e información de los ciudadanos. Lo cual apunta en contra del desarrollo de la democracia de los pueblos, pues está dicho que sin prensa libre no hay democracia. Ese es el punto más delicado y grave de todo esto, y es lo que no ingenuamente propician los gobiernos y los del poder.
La desaparición de un medio local o su conversión en pasquín lleno de boletines oficiales, a lo que se les fuerza con el manejo de los recursos públicos, es una carencia grave que viven las sociedades regionales o municipales. Esos medios locales consignan sucesos, críticas, hechos históricos y sociales que casi ningún otro medio podría hacer, a menos que se trate de sucesos excepcionales de proyección más amplia. Pero sería inesperado que un medio estatal o nacional atienda la falta de agua potable en una pequeña colonia, o la ausencia de servicios municipales, por ejemplo. Así como hechos más relevantes para la localidad, como la desaparición de sus pequeños comercios ante el arribo de cadenas comerciales, noticias de sus fiestas, efemérides locales, etc.
En el Noveno Encuentro de Periodistas convocado por la APO y otros medios como En Marcha, Quadratin y Al Margen, se tuvieron varias conclusiones, entre ellas la asentada por un comunicador: “De las muchas miradas que debe haber sobre los medios hay dos que considero en los primeros lugares y uno de ellos tiene que ver con la tecnología y su avance y, el otro, con los bolsillos de quienes ejercemos este oficio, es decir, con el modelo de negocio de esta nueva era digital porque, sobra decirlo, si no hay un ingreso que sustente la publicación del medio, aunque sea digital, desaparecerá.
“Se esperaría que la promulgación de la Ley de Comunicación Social —emitida la finales del sexenio federal anterior— corrigiera el desequilibrio en la contratación de las pautas oficiales en los medios, sin embargo, dicha ley no es la que México necesita por la sencilla razón que en ninguno de sus artículos hace una regulación para la equitativa compra de publicidad y si, en cambio, concentra en la Secretaría de Gobernación el manejo del padrón de proveedores, otorgándole el control político de la publicidad gubernamental. Lo que continúa así, sin una clara definición en este nuevo gobierno federal.
“Leyes y disposiciones no apuntan a fomentar el trabajo de los medios, al contrario, cada vez hay más normas para dificultar el acceso a los recursos destinados a la difusión, léase cada vez hay más burocracia. En el sexenio pasado en Oaxaca, por primera vez se exigió a los medios se inscribieran en el padrón de proveedores del gobierno del estado. Con un pago anual de cinco mil pesos, para sorpresa de medios pequeños para quienes cinco mil pesos eran sus ingresos del mes.
“En el actual sexenio se eliminó ese pago, pero disminuyó el ejercicio de recursos para la mayoría de los medios. De manera ´inteligente´ dejaron de lado los llamados convenios y sólo contratan por campañas. Los que se incrementó es el tiempo que tardan en pagar. Por supuesto, esa práctica no es casual, se trata de menoscabar al dejar sin recursos a los medios. Pero, por otro lado, los altos funcionarios actuales oriundos del centro del país, han traído a sus equipos y han regionalizado medios de la CDMX cuya función no se explica en términos de información. El Universal de Oaxaca, por ejemplo. Quizá sí en términos de negocios privados .
“En estos tiempos difíciles para el periodismo destaca la gran inequidad en la distribución de los recursos; la agresión de los grupos de poder, autoridades municipales, delincuencia organizada. Por si fuera poco, hay otros grupos que no podrían llamarse enemigos en casa porque están en el poder público, aunque fingen moverse en la sociedad civil, como periodistas-activistas.
6.- Elementos de autocrítica
Aunque está quedando atrás el gran poder de los medios de comunicación y de los periodistas, el famoso cuarto poder, algo queda. Sobre todo, porque como en cualquier actividad hay de todo. Hay quienes incursionan en la actividad periodística al no lograr otra ocupación. La mencionada debilidad económica de la entidad no posibilita que los egresados de carreras de educación superior hallen empleo en sus áreas, así como otros desempleados se ocupen en la comunicación. Es ahora fácil y accesible crear un portal de internet o algunos solo con su muro de Facebook y otros instrumentos de las redes sociales.
Con un teléfono celular cualquiera se siente reportero, incluso se habla de reportero ciudadano, lo que no existe, pues se necesitan no solo los aprendizajes técnicos de la profesión sino también el marco deontológico para ejercerlo. De ahí que centenas de portales existan actualmente en Oaxaca, lo que propicia la paradoja de que algunos clientes pidan medios impresos.
Decíamos que como en cualquier profesión, en ésta también hay de todo, profesionales y no profesionales. Hay casos de quienes se dedican a extorsionar a ciudadanos, lo que ha trascendido en los medios. Y otros casos de ligas con grupos delictivos, que llega a causar problemas graves a los supuestos comunicadores. De ahí que uno de los profesores del Diplomado en Actualización Periodística organizado por la APO, recomendara como primera medida de protección al periodista, el ejercicio de la ética. Lo que serviría a todos, pues cuando ésta no la ejerce alguno de nosotros, el efecto se extiende a todos, ya que se generaliza la mala opinión hacia el gremio.
También es frecuente la piel híper sensible del comunicador, la esencia de nuestro trabajo es ser críticos, pero algunos solemos ser intolerantes hasta la agresividad cuando nos critican, cual si fuera imposible que erráramos y que nos aclararan alguna información, cuando las cartas aclaratorias están garantizadas legalmente. Cualquiera es susceptible a errores humanos. Pero la intolerancia es mayor cuando hay dolo en el manejo de información.
Las disputas por los recursos para medios en los municipios se encuentran, a veces, en el fondo de los conflictos autoridades-periodistas. Por lo que urge reglamentar el manejo del erario en este sentido, para que no se dé una distribución caprichosa por parte de los servidores públicos.
También hay en el medio, como se dice en una de las conclusiones de nuestros encuentros periodísticos, “Camarillas con ribetes de élite académica-periodística pero cuyo interés en estos años, se ha visto, ha sido incluirse en los gobiernos, adueñarse de las jefaturas de prensa desde donde han constituido feudos, incrustando gente, avanzando como grupo de poder. Esto se ha dado en el IEEPO. Pero también en Secretarías como la de Salud, y muy notoriamente en la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión estatal (CORTV). La AMEDI, además, se ha ramificado en otros membretes que cuando lo requieren se presentan unidos. Uno de éstos es el grupo de sabios generosos llamado “Compartir conocimientos”. Un caso de escándalo fue el fraude a estudiantes de la escuela “patito” de periodismo Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca (IESO), propiedad de un sacerdote, donde la directora líder de AMEDI, Magdalena Rocha cobró inscripciones a los alumnos cuando el edificio que ocupaba esa escuela estaba en litigio, el que finalmente perdieron.
Este tipo de organizaciones pseudo académicas son las que acentúan la división en el medio periodístico, con sus poses de avanzada y contra quienes quieren estigmatizar. A ellos se unen corresponsales y demás con las mismas pretensiones de alcurnia. Pero algunos han aparecido en las listas de “apoyos” de la que fuera directora de Comunicación Social de la legislatura pasada y hoy directora de prensa de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, Gisela Ramírez, donde de nuevo, trasciende, aprovechan esas capacidades de manejo secreto de “apoyos”. Cuando es cuestionada o la quieren destituir de inmediato extrañamente sus amigos emiten cartas de apoyo a su favor.
Son muchos los motivos que acentúan el divisionismo entre comunicadores, lo que constituye otra debilidad para hacer frente a quienes se esfuerzan en disminuir la libertad de expresión. La falta de unidad permite, también, que la impunidad se agigante.
La Corporación de Radio y Televisión de Oaxaca, CORTV, ha dejado de lado abiertamente su carácter cultural, público, para ser una agencia gubernamental y en ocasiones hasta proselitista del partido en el poder en Oaxaca, el PRI. Se le despojó de su Consejo de Participación Ciudadana para integrarlo con sus empleados. No tiene producción y viola la disposición legal que la creó como entidad sin fines de lucro al difundir publicidad privada. Está al servicio del gobierno y no de la sociedad, convertida en una oficina subordinada a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería del gobierno del estado.
7.- Arbitraria asignación de recursos
También se consignó en nuestros trabajos que los problemas principales para la asignación de publicidad oficial aún están pendientes, no hay reglas. La esencia de una ley para medios sería garantizar la libertad de expresión. Es necesario que el Estado garantice la libre expresión de las ideas de todos los estratos de la sociedad representados en cada medio de comunicación existente. Garantía de subsistencia a todos los tipos de medios que existan. No es necesario tantos requisitos, sólo estar dado de alta en Hacienda y la constitución legal de la empresa. Establecer criterios en la ley, de equidad y proporcionalidad, además de considerar no sólo el rating sino la calidad de los contenidos de los medios.
Hay graves vacíos en materia de asignación de presupuestos, hasta ahora solo políticas muy generales, como es el porcentaje de asignación en el ámbito federal, que establece un tope para la distribución del presupuesto, pero no toda la dinámica de dicha asignación.
Pero en Oaxaca, ¿qué pasa con los recursos públicos para comunicación social?, Al contrario de lo que se dice que hay derroche acá eso no ha sucedido, no se pagó a los medios en 2016 y el año 2017 no hubo recursos para medios, el nuevo gobierno sólo cubrió un porcentaje del adeudo del sexenio pasado. En estos años que lleva la nueva administración sólo ha habido tres campañas y no se han cubierto en su totalidad, ponen de pretexto a la Secretaría de finanzas.
Además, hay otra forma de derroche que no se menciona y se da con las personas que están como funcionarios del gobierno estatal, ostentan un cargo, trabajan como “periodistas” en medios oficiales, CORTV por ejemplo, tienen un medio de comunicación, acceden al presupuesto de manera privilegiada y todavía son los que acusan de chayoteros a los medios. Algunos también se presentan como activistas. Son quienes más denigran la actividad periodística, y del presupuesto público que manejan nada se sabe. Son los chayoteros de cuello blanco.
8.- Propuestas de acción
Más que propuestas para nuevas legislaciones, que ya hemos escrito aquí no hacen falta, lo que consideramos si hace falta son acciones concretas para empezar a corregir todas estas disfunciones. La mayoría de las cuales está en manos de la parte gubernamental, La Fiscalía respecto del más grave problema, que es la seguridad para el ejercicio del periodismo y respeto al derecho a la libertad de expresión.
1.- Reestablecer el Estado de derecho; hacer que se cumplan las leyes; investigar las agresiones, amenazas, asesinatos. Por supuesto que eso en todos los estratos y grupos de la sociedad, pero en este caso nos toca reclamarlo para nuestro gremio.
2.- Incrementar el presupuesto de la Fiscalía General del Estado, pues es evidente que el actual es insuficiente. No puede darse abasto, por ejemplo, un sólo médico legista para atender desde Pinotepa Nacional hasta Salina Cruz.
3.- Ese nuevo presupuesto deberá ser otorgado a la Institución, pero cuando su titularidad sea otra, cuando cambie o se sustituya al actual Fiscal General que, como hemos mostrado en estas líneas, ha dado pruebas de su incapacidad para el cargo.
4.- Que en lo sucesivo la Fiscalía General no incurra en irregularidades al otorgar dádivas a quienes incursionan en la comunicación, como sucedió desde 2017 que se le otorgó con el eufemismo de “depositaría” un automóvil a un comunicador de la Costa, de los incautados por la autoridad, un Jetta Negro. Poco después se le entregó otro en Puerto Escondido, un Tsuru blanco. Hecho admitido por el beneficiado en su escrito que se adjunta.
5.- No proponemos más leyes, sino que se aplique la ley a quien agreda a un periodista, toda vez que se trata de un trabajador que sirve como medio para llevar las noticias a la sociedad, es decir, un trabajo con trascendente interés social.
6.- Es necesario que la LXIV Legislatura de Oaxaca revise los gastos de este rubro, habida cuenta de la evidente opacidad. Sobre todo, de la Coordinación de Comunicación Social y Vocería del gobierno del estado. Legislar para una asignación transparente y con equidad de los recursos públicos que administra. Y privilegiar ese gasto en el marco de la entidad, que es donde importa desde el más elemental sentido común.
7.- Que se establezca un tope para asignación de publicidad oficial a medios del centro del país, ya que no es tan importante mantener comunicación tan amplia, como sí en el contexto estatal, en regiones y municipios de Oaxaca. Se gobierna a los oaxaqueños, no a los de la CDMX.
8.-Que dicha Coordinación de Comunicación Social y Vocería del gobierno cumpla con las leyes de transparencia y suba la información a que está obligada a difundir en su portal de internet, como sujeto obligado de esas leyes.
