- Carencia de esta deja al margen de beneficios a los indígenas, acrecentando su pobreza, pérdida de saberes y lenguas, subraya ante el pleno del Congreso de la Unión.
México, D.f., 18 de Septiembre, 2018.- Ante la deuda histórica que se tiene no sólo con los obreros y campesinos del país, sino con los menos escuchados, los más marginados, los que menos tienen, los indígenas de México, el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel García Corpus presentó, ante el pleno de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas.
En su exposición, el legislador oaxaqueño, destacó que el propósito de la misma es “promover el acceso de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes a su derecho a ser consultados previamente a la ejecución de acciones de gobierno y legislativas que les afecten”.
“A diferencia del mandato de toma de opinión a la ciudadanía, como lo establece el artículo 26 de la Constitución y la Ley de Planeación, es un derecho colectivo de los pueblos para llegar a acuerdos con los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Es un derecho consagrado desde junio de 1989, cuando la Cámara de Senadores adoptó el Convenio 169 de la Organización Internacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes.
La carencia de un mandato que regule el derecho a la consulta ha provocado que los pueblos originarios vean mermados su patrimonio material e inmaterial. Las obras de infraestructura, la minería, los desarrollos turísticos, entre otros, a falta de dicha consulta a los pueblos y comunidades originarios”.
En su exposición, García Corpus añadió que “No solamente los han dejado al margen de beneficios sino además han promovido el desplazamiento y la migración de gran parte de la población indígena y cuyos efectos de esta migración es el sufrimiento constante en cada uno de los pueblos y con ello, se han acentuado la pobreza y la desigualdad, así como la pérdida de saberes y lenguas”.
Sustentó además que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su recomendación 27/16 dirigida a los poderes ejecutivo y legislativos federal y de las entidades del país, afirma que “El derecho a la consulta previa tiene una importancia capital en tanto se encuentra interconectado con la protección de otros derechos colectivos”. En ese sentido –acotó-, la garantía de este derecho es necesaria para la preservación del derecho a la libre autodeterminación, desarrollo sustentable, propiedad ancestral, biodiversidad cultural, identidad cultura, etcétera.
En la iniciativa en referencia establece: Reconocimiento de la personalidad jurídica de los representantes de los pueblos indígenas; Que el proceso de consulta garantice que esta sea previa, libre e informada, a los actos administrativos y legislativos; Que los acuerdos entre los poderes públicos y los pueblos indígenas se expresen en convenios de derecho público y; El establecimiento de los procesos y convenios.
Enfatizó que esta iniciativa la propuso por vez primera como representante popular en la LXI Legislatura, como se detalla en la exposición de motivos, misma que fue consultada ampliamente con representantes indígenas, expertos nacionales e internacionales y sistematizada bajo la figura de conferencia parlamentaria entre las comisiones de Asuntos Indígenas del Senado y de esta Cámara, y se contó con la colaboración de la Comisión nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Cumpliéndose además con el trámite legislativo hasta la elaboración del proyecto de dictamen en sentido positivo, mismo que no pudo ser aprobado debido a que los intereses de varias de las empresas que creyeron verse afectados, intervinieron para que los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas se ausentaran, lo que impidió, hasta en tres ocasiones, integrar el quorum reglamentario.
Subrayó además que “El no contar con legislación, para consultar a los pueblos indígenas, conforme el derecho que les asiste ha propiciado que en los últimos años, los proyectos surgidos de la reforma energética estén deteriorando y pauperizando en gran medida la vida de los suelos, el ambiente y la cultura de nuestros pueblos originarios.
Ante este trato injusto algunas comunidades se han revelado y llevado sus inconformidades a los más altos tribunales de la Nación, logrando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), haya emitido dos tesis aisladas”.
“Esta ley tiene que causar eco en cada uno de nosotros y en el rincón más lejano y profundo de este país, desde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador hasta cada uno de los ciudadanos”, y por ello, sintetizó, “Quiero decirle a las compañeras y compañeros diputados de Morena que el PRD les toma la palabra, vamos por esa cuarta transformación, por ese cambio verdadero, por la defensa de nuestros pueblos y comunidades indígenas, con voluntad política y amor a México”. Puntualizó.
Cabe referir que la presidencia de la Mesa Directiva turnó esta iniciativa a la Comisión de Asuntos Indígenas y, cuando se integre, se procederá para los efectos de estudio y dictamen.
